La Obstrucción a la Respuesta Rápida: juego ilícito con el 9-1-1 en Puerto Rico

Hoy, fuimos testigos del arresto de un ciudadano por la realización de llamadas falsas al Centro de Procesamiento de llamadas de Emergencia 9-1-1. Este ciudadano, dentro de su insanidad mental,  liberó toda su creatividad y talento al inventar una historia de robo a mano armada contra una Cooperativa de Ahorro y Crédito en Arecibo, guión muy parecido al de la reciente película estadounidense,  “The Town”, protagonizada por Ben Affleck. Demás está decir lo frustrante que resulta ser para los funcionarios de tan importante Agencia, cuando diligentemente activan todo un andamiaje gubernamental  en respuesta a una llamada de emergencia,   que sencillamente es una falsa alarma.  La frustración de estos funcionarios es nada comparativo con los gastos en que incurre el Gobierno, y peor aún, con los recursos y esfuerzos en vano que se pierden pudiendo utilizarse para emergencias reales. Cuantas veces escuchamos a ciertas personas decir que los de emergencias médicas llegan a la emergencia cuando ésta ya pasó, pues sépase  que muchas de estas demoras son causadas por la irresponsabilidad criminal de bromistas que parecen no tener con que divertirse.

La Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, conocida como, Ley de Llamadas 9-1-1, establece que “toda persona que a sabiendas efectúe o permita que desde cualquier teléfono bajo su control se efectúe una llamada telefónica a cualquier sistema de respuesta a llamada telefónicas de emergencia, como el tipo conocido comúnmente como 9-1-1, para dar aviso, señal o falsa alarma de fuego, emergencia medica, comisión de delito, desastre natural o cualquier otra situación q          ue requiera la movilización, despacho o presencia del Cuerpo de Bomberos, personal de emergencias médicas, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias Médicas o fuerzas del orden público, incluyendo la Policía de Puerto

Rico, a que efectúe o permita que desde cualquier teléfono bajo su control se efectúe una llamada obscena o en broma a tal sistema de respuestas a llamadas telefónicas de emergencias, incurrirá en un delito menos grave.”

 Sin embargo tenemos que decir que esta disposición penal es como si no existiera, ésto a juzgar por las estadísticas reales de personas que llaman y activan este sistema cuando verdaderamente no tienen una emergencia ante sí.

De conformidad con la información recopilada por el Centro de Procesamiento 9-1-1, se reciben diariamente entre 5,000 y 6,000 llamadas. De éstas, sólo el 15% son llamadas que constituyen una emergencia real. O sea, que el 85% no son emergencias. A modo de ejemplo, podemos señalar que de las 931,774 llamadas que se recibieron en el Sistema 9-1-1 durante el mes de julio a noviembre de 2009;  809,716 llamadas fueron clasificadas como no de emergencias. Solamente 122,058 fueron llamadas de emergencia.

 De hecho,  hace unos meses se reportó de un caso surgido en la Carretera #2 entre Ponce y Peñuelas donde un individuo llamó a 9-1-1, bajo estado de nervios en crisis, alegando la presencia ante un accidente de auto que chocó contra la valla y cayó en el mar. Alegó que en ese auto había cuatro pasajeros. Ésto provocó que se activara a la Guardia Costanera, ambulancias y Policía de Puerto Rico, para encontrarse que se trataba de una broma. El costo de toda esta maniobra fue de nueve mil dólares al Gobierno. El problema es que muchas de estas llamadas son realizadas desde teléfonos públicos, y el quantum de prueba requerido para encausar al maleante se dificulta a la hora de establecer la comisión del delito con evidencia  más allá de duda razonable. Sin embargo, esta es una situación intolerable,  que afecta directamente el promedio de tiempo de respuesta rápida que actualmente es de 16 minutos;  estudios realizados han detectado que se podría bajar a 10 minutos si se evitaran las llamadas bromistas y falsas.

Es importante que como voz de un pueblo que clama por un cambio social, que estamos cansados de ver como la mediocridad, la irresponsabilidad y el egoísmo se entroniza cada día mas, exijamos cambios que realmente signifiquen un paso hacia la madurez social. Para aquellos que tiene el privilegio de hacer leyes y aprobarlas, pues desde aquí les sugiero lo siguiente: Enmienda de Ley que penalice adecuadamente esta conducta claramente antisocial.

El delito puede quedarse en menos grave, por ser primera infracción, pero con pena de restitución de todos los gastos incurridos por la activación de la supuesta emergencia; y con la imposición de 40 horas mínimo y hasta un máximo de 480 horas de servicios comunitarios en asuntos de emergencias. Así también, tomar unas clases sobre desastres y emergencias, a su costo claro está, que serán brindadas por el Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico y cuyo cumplimiento certificará en Corte.

De ser reincidente, se catalogue el delito en su modalidad grave con una imposición carcelaria de entre uno a tres años y con pena de restitución.

 De esta manera, y llevando activamente un mensaje educativo, estaremos esforzando un cambio en la conducta criminosa, por lo que nos redirigiríamos hacia la concienciación ciudadana de lo que realmente representa una emergencia en nuestro País.